La Política de no regular: las antenas de telecomunicaciones

Escrito por: Patricio Hales Dib. Diputado por las comunas de Independencia y Recoleta. Arquitecto.

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No es verdad que el gobierno no puede evitar la invasión urbana de antenas de celulares. La verdad es que este gobierno , y los anteriores, no han querido usar sus facultades para regularlas.
La potestad normativa del MINVU faculta al gobierno actual, y a los anteriores, a establecer en la Ordenanza General de U. y Construcciones, por un simple decreto, las regulaciones de toda obra en la ciudad. El ministro de vivienda norma permanentemente respecto a otras materias. Pero a las antenas no las toca.
La autoridad urbana se justifica diciendo que el gobierno tendría que esperar que se apruebe la ley en discusión para evitar que la instalación de antenas siga provocando la destrucción del valor de los barrios, baja del precio de los inmuebles, daño del paisaje urbano, el patrimonio y la armonía espacial. Falso. El gobierno tiene todo el poder legal de regular las antenas, por medio de la Ordenanza, pero no quiere hacerlo.
Pero la verdad más cruda es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en vez de regular, usó su capacidad, de dictar normas, para desregular y permitió por decreto la instalación de antenas sin permiso municipal y con simple aviso.
Para eso usó su poder y estableció en 2003 y rematado por decreto N° 183 de 2004, reemplazando el numeral 7 del artículo 5.1.2. De la O.G de U. y C. diciendo:”El permiso no será necesario cuando se trate de:
…“7.Instalación de antenas de telecomunicaciones. En este caso el interesado deberá presentar a la Dirección de Obras Municipales, con una antelación de al menos 15 días, un aviso de instalación,…” con el acompañamiento de planos simples, sin solicitud de permiso, sin pago de derechos y solo dando “aviso”.
El MINVU no ha querido cambiar esa disposición gubernamental.
Con la misma mano que el gobierno autorizó instalar antenas sin permiso, podría dictar de inmediato un decreto exigiendo a las empresas condiciones de respeto a la ciudad, su arquitectura y evitar la depreciación de las propiedades.
Pero se impuso el libertinaje del modelo que solicitaba la empresa de telefonía para sacarle el jugo al negocio. Era y es una política diseñada para ser permisiva con las empresas. Por eso ningún gobierno y ningún ministro de vivienda ha querido usar su potestad normativa para modificar la ordenanza respecto a las antenas.
Hay un enfrentamiento de dos posturas de políticas de Estado.
Así, ante esa resistencia política estructural es que nació la desesperada iniciativa de presionar simultaneamente por el flanco legislativo desde fines de los años 90 (aunque no fuera necesario legislar), para obligar a la autoridad, dándole la orden de regular las antenas. Como los gobiernos no quieren usar sus capacidades legales, se lo exigiríamos con una ley. Así surgieron varios proyectos de ley exigiendo al gobierno.
Su debate público ayudaría a crear conciencia y a forzar resistencias.
La iniciativa política de excepción fue la que se logró con René Cortazar que, cuando fue ministro de Telecomunicaciones, acogió la iniciativa de los parlamentarios que exigíamos regulación e impulsó el proyecto actualmente en trámite. El resto de las autoridades del sector nunca han promovido leyes de regulación de antenas.
Pero las habilidades empresariales y políticas, desplegadas para evitar regulación, frente a la posibilidad de una ley reguladora han diversificado sus tácticas desde la agresión, amenazando con el fin de las comunicaciones por celular, descalificando a los políticos que promovemos la regulación, hasta usar la malvada fórmula de “enriquecer” los proyectos de ley, con complicidad de algunos parlamentarios, de modo de eternizar la discusión o transformarlos en leyes inviables con “aportes” de regulaciones impractibles. La técnica legislativa de pedirlo todo para que no resulte nada.
Hace un año y medio despachamos al senado el proyecto de ley que protegería parcialmente la ciudad. Las empresas lo bombardearon y consiguieron que siga esperando la urgencia del gobierno en el senado.
En el gobierno del presidente Piñera ni los ministros de vivienda ni telecomunicaciones han demostrado ningún interés en corregir la ordenanza con simple decreto. Peor aún, este gobierno ha lentificado la legislación reguladora en curso.
El actual gobierno recibió en bandeja un proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados, donde a pesar de las diferencias políticas con Cristián Monckeberg, Gonzalo Uriarte, Javier Hernández y otros, produjimos una extensa ley que, aunque no resuelve todo, podría ayudar a nuestras ciudades.
Le pedimos al gobierno en Abril del 2010 que le pusiera urgencia y se burló demorándolo un año y medio. Ahora en el senado en vez de apurarlo lo transformaron, obligando a cerca de 150 indicaciones que hay que estudiar . ¿Así cuándo habrá ley de regulación?: ¿Cuando el paisaje urbano sea de torres de telefonía?.
Evidentemente que si los gobiernos de la Concertación se encandilaron desregulando en telecomunicaciones para demostrar que la centro izquierda no paralizaba la inversión (y aún algunos se preguntan cómo se pierden elecciones), el gobierno del presidente Piñera tiene el conflicto de interés originario de sus ministros y colaboradores que, formados en la paternidad del mercado y sus negocios, tienen resistencia filial a regular un negocio tan poderoso como el de la telefonía y comunicaciones.
El deprimente panorama puede revertirse si se suma presión ciudadana a la acción, apoyando la política de quienes sí quieren regular .
Y si no, pues, más viviendas perderán el 30% de su precio cuando en el barrio se instale un antena, aumentarán los riesgos ,se deteriorará el poco patrimonio que nos queda y nos engañaremos creyendo que la belleza de un árbol puede ser reemplazada por una estructura metálica.

Inspección Canal de Ramón

Inspección a Canal de Ramón junto a ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac y Alcalde de La Reina, Luis Montt.
Se inspeccionaron obras del canal de Ramón, las que ascienden a $1.000 millones, con las que se espera no tener nuevas inundaciones en el sector.

Estamos en deuda contigo Violeta

Estamos en deuda contigo Violeta. Tanto que no diste, tanto que nos dejaste…
Cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista la folclorista más importante de Chile y fundadora de la música popular chilena.
El legado de Violeta ha inspirado a muchos y grandes artistas, representa la fuerza de la mujer chilena, su compromiso social y cultural es una lección y como comuna tenemos una deuda con ella que fue parte de nuestras tierras, que con su carpa en La Cañada sembró y esparció el arte que hoy flota La Reina .
Hoy nosotros debemos tenderle esa mano que en vida muchas veces le hizo falta y homenajear como corresponde a una mujer que con su esfuerzo cambió la historia musical y cultural del país.
Hoy debemos marcar nuestras tierras con su nombre, para que ese legado siga vivo, para demostrar el orgullo que sentimos como reininos y chilenos de haber tenido el privilegio de que ella creara y compartiera su creaciones con nosotros.
Debemos levantar una escultura en ese lugar donde ella tantas veces cantó para mostrarle a nuestros hijos y nietos el valor de la creación, de las raíces de la tierra, del amor por lo nuestro, de amor por Violeta.
No podemos seguir dejando que pase el tiempo, no permitamos el deterioro de ese terreno donde antes hubo música y arte, levantemos un homenaje a nuestra Violeta y démosle las gracias.

La Carpa de La Cañada
En 1965 Violeta regresó a Chile desde Europa. Instaló una gran carpa en la comuna de La Reina en unos terrenos cedidos por la Municipalidad (Aguas Claras con La Cañada). La idea era levantar con ella un centro de cultura folclórica, junto con sus hijos Ángel e Isabel, y los folcloristas Patricio Manns, Rolando Alarcón y Víctor Jara, entre otros.

En esta carpa no se presentaba sola. Desde allí aportó a la promoción musical y se presentaron por primera vez en Santiago conjuntos como Chagual, Los Choclos (Bolivia), Los Jairas (Bolivia, con Gilbert Favre), Huenchulyan y otros.

Lamentablemente, a pesar de su anhelo de que esta carpa fuera un referente para la cultura de Chile, el público no respondió, los medios no cubrían los espectáculos y las personas o asistían a la carpa.

Violeta Parra se suicidó en la carpa de La Reina, dejando un legado de esfuerzo y sacrificio a Chile y el mundo.

Gestión municipal para superar la pobreza

La desigualdad que se vive en nuestro país es sin duda el elemento más prioritario sobre el que debemos trabajar como sociedad. Si bien hay acuerdo en que debemos disminuir las brechas (educacionales, salud, laborales, ente otras), muchas veces los esfuerzos no son suficientes y muchas veces tampoco los caminos coincidentes.

No obstante ello y entendiendo que en La Reina tenemos mucho por seguir recorriendo para mejorar el acceso y las oportunidades a todos los habitantes, cabe destacar que hoy nos encontramos dentro de las comunas que más han avanzado en la reducción de la pobreza y la desigualdad social. Así lo demuestra el análisis formulado por la socióloga María Ignacia Fernández, el cual comparto con ustedes y que da cuenta de que para tal tarea los municipios son actores clave, cuya gestión en el caso de nuestra comuna ha logrado un dinamismo económico con positivo resultados sobre el devenir territorial.

Y cuando se habla de gestión municipal no sólo se trata de la orgánica liderada por el Alcalde, sino también de los acuerdos y desacuerdos que se dan en los concejos donde se vela porque la comuna siga por la senda correcta. Se refiere a un cuerpo sólido donde en el caso de nuestra comuna, la oposición de la que soy parte representa buena parte de las voces de los habitantes y actúan desde la fiscalización para aportar a una gestión que realmente sea de beneficio transversal.

Si bien tenemos mucho por avanzar, sabemos que avanzamos, los esfuerzos están rindiendo frutos y en la comuna estamos logrando atraer recursos externos que aportan al crecimiento local.




Gestión municipal para superar la pobreza


Maria Ignacia Fernandez, doctora en Sociología. Doctora en Sociología (Universidad de Barcelona) y Magister en Ciencia Política (Universidad de Chile). Actualmente, es Coordinadora Adjunta del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.Además, es profesora en el Magister en Gestión y Políticas Públicas (MGPP) de la Universidad de Chile y del Magister en Gestión Pública

Los municipios son actores clave para reducir la pobreza y la desigualdad territorial. Por ello, generar reflexiones y conocimiento sobre este tema es imperativo para responder a las demandas sociales, a través de programas con pertinencia local y, en especial, en aquellos territorios con altos índices de pobreza y exclusión social.

Según la encuesta CASEN, entre el año 2006 y 2009, el índice de pobreza en Chile aumentó en un 1,4%. Análisis realizados por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, desagregaron esta cifra, mostrando que la evolución de las tasas de pobreza no se comportan de forma homogénea en todo el país. Mientras algunas comunas redujeron el número de personas viviendo en pobreza en los años mencionados, en otras, se registraron aumentos importantes.

Con base en un análisis de 99 municipios, en torno a los cuales es posible realizar análisis estadísticamente confiables, pudimos constatar que 19 comunas aumentaron y otras 11 disminuyeron su pobreza entre 2006 y 2009 (las otras 66 comunas no presentaron diferencias estadísticas). Estos datos son relevantes en el marco del debate cada vez más presente acerca de la desigualdad de ingresos, pues nos alertan que ésta no sólo se expresa en diferencias entre individuos y hogares, sino también entre territorios.

Tomando en cuenta lo anterior, y buscando aportar a la comprensión de las dinámicas socio-económicas que subyacen a la heterogeneidad territorial del país, cabe preguntarse por la eventual incidencia de la gestión municipal en la evolución de las cifras de pobreza, en especial en aquellos casos en que se registran desviaciones considerables respecto de la tendencia nacional de incremento de 1.4 puntos porcentuales de pobreza. La pregunta de fondo es ¿pueden las municipalidades contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes?

Donde disminuyen las cifras de pobreza se registran mejorías que van entre 3,4 y 12 puntos porcentuales. Las comunas en cuestión son: Ollagüe, Río Hurtado, Putaendo, Santa María, Limache, Marchigüe, Pencahue, Galvarino, La Reina, Providencia y María Pinto.

¿Qué más observamos que ocurre en estas comunas en el mismo período en que bajan sus cifras de pobreza, mientras el país en promedio parece que aumenta?
Primero, que son comunas que atraen población, donde crece el número total de personas que se encuentran ocupadas y donde los hogares pobres registran un incremento de las transferencias de recursos públicos (bonos y subsidios) muy inferior al que ocurre en los otros grupos de comunas.

Segundo, que estos municipios disminuyen su dependencia del Fondo Común Municipal (que redistribuye recursos entre los municipios con desigual capacidad de generación de ingresos), a la vez que se incrementa el monto de recursos destinados a inversión. La mayor capacidad de inversión parece resultar de una mejor gestión interna, más que por la capacidad de atraer recursos externos.

En consecuencia, la disminución de la pobreza en los 11 municipios aludidos parece explicarse fundamentalmente por razones de dinamismo económico. Lo que aparece como un mejor desempeño relativo de esos gobiernos locales puede ser reflejo de un mayor crecimiento económico local, que conduce a mayores fuentes autónomas de ingreso para los municipios. Al mismo tiempo, ello explica la menor dependencia del Fondo Común Municipal y la mayor disponibilidad de recursos para inversión.

Estos resultados, nos invitan a profundizar en las dinámicas socioeconómicas de los 11 municipios en cuestión, lo que constituiría un aporte al análisis sobre el rol o mayor protagonismo de la gestión municipal en la superación de la pobreza.
Las múltiples manifestaciones de la pobreza y la desigualdad nos advierten sobre la complejidad de las soluciones. Mientras más actores nos sintamos convocados a colaborar con propuestas, más posibilidades tendremos de avanzar progresiva y concertadamente en la dirección correcta. Los municipios son, sin lugar a dudas, uno de esos actores claves.