La Política de no regular: las antenas de telecomunicaciones

Escrito por: Patricio Hales Dib. Diputado por las comunas de Independencia y Recoleta. Arquitecto.

www.plataformaurbana.cl


No es verdad que el gobierno no puede evitar la invasión urbana de antenas de celulares. La verdad es que este gobierno , y los anteriores, no han querido usar sus facultades para regularlas.
La potestad normativa del MINVU faculta al gobierno actual, y a los anteriores, a establecer en la Ordenanza General de U. y Construcciones, por un simple decreto, las regulaciones de toda obra en la ciudad. El ministro de vivienda norma permanentemente respecto a otras materias. Pero a las antenas no las toca.
La autoridad urbana se justifica diciendo que el gobierno tendría que esperar que se apruebe la ley en discusión para evitar que la instalación de antenas siga provocando la destrucción del valor de los barrios, baja del precio de los inmuebles, daño del paisaje urbano, el patrimonio y la armonía espacial. Falso. El gobierno tiene todo el poder legal de regular las antenas, por medio de la Ordenanza, pero no quiere hacerlo.
Pero la verdad más cruda es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en vez de regular, usó su capacidad, de dictar normas, para desregular y permitió por decreto la instalación de antenas sin permiso municipal y con simple aviso.
Para eso usó su poder y estableció en 2003 y rematado por decreto N° 183 de 2004, reemplazando el numeral 7 del artículo 5.1.2. De la O.G de U. y C. diciendo:”El permiso no será necesario cuando se trate de:
…“7.Instalación de antenas de telecomunicaciones. En este caso el interesado deberá presentar a la Dirección de Obras Municipales, con una antelación de al menos 15 días, un aviso de instalación,…” con el acompañamiento de planos simples, sin solicitud de permiso, sin pago de derechos y solo dando “aviso”.
El MINVU no ha querido cambiar esa disposición gubernamental.
Con la misma mano que el gobierno autorizó instalar antenas sin permiso, podría dictar de inmediato un decreto exigiendo a las empresas condiciones de respeto a la ciudad, su arquitectura y evitar la depreciación de las propiedades.
Pero se impuso el libertinaje del modelo que solicitaba la empresa de telefonía para sacarle el jugo al negocio. Era y es una política diseñada para ser permisiva con las empresas. Por eso ningún gobierno y ningún ministro de vivienda ha querido usar su potestad normativa para modificar la ordenanza respecto a las antenas.
Hay un enfrentamiento de dos posturas de políticas de Estado.
Así, ante esa resistencia política estructural es que nació la desesperada iniciativa de presionar simultaneamente por el flanco legislativo desde fines de los años 90 (aunque no fuera necesario legislar), para obligar a la autoridad, dándole la orden de regular las antenas. Como los gobiernos no quieren usar sus capacidades legales, se lo exigiríamos con una ley. Así surgieron varios proyectos de ley exigiendo al gobierno.
Su debate público ayudaría a crear conciencia y a forzar resistencias.
La iniciativa política de excepción fue la que se logró con René Cortazar que, cuando fue ministro de Telecomunicaciones, acogió la iniciativa de los parlamentarios que exigíamos regulación e impulsó el proyecto actualmente en trámite. El resto de las autoridades del sector nunca han promovido leyes de regulación de antenas.
Pero las habilidades empresariales y políticas, desplegadas para evitar regulación, frente a la posibilidad de una ley reguladora han diversificado sus tácticas desde la agresión, amenazando con el fin de las comunicaciones por celular, descalificando a los políticos que promovemos la regulación, hasta usar la malvada fórmula de “enriquecer” los proyectos de ley, con complicidad de algunos parlamentarios, de modo de eternizar la discusión o transformarlos en leyes inviables con “aportes” de regulaciones impractibles. La técnica legislativa de pedirlo todo para que no resulte nada.
Hace un año y medio despachamos al senado el proyecto de ley que protegería parcialmente la ciudad. Las empresas lo bombardearon y consiguieron que siga esperando la urgencia del gobierno en el senado.
En el gobierno del presidente Piñera ni los ministros de vivienda ni telecomunicaciones han demostrado ningún interés en corregir la ordenanza con simple decreto. Peor aún, este gobierno ha lentificado la legislación reguladora en curso.
El actual gobierno recibió en bandeja un proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados, donde a pesar de las diferencias políticas con Cristián Monckeberg, Gonzalo Uriarte, Javier Hernández y otros, produjimos una extensa ley que, aunque no resuelve todo, podría ayudar a nuestras ciudades.
Le pedimos al gobierno en Abril del 2010 que le pusiera urgencia y se burló demorándolo un año y medio. Ahora en el senado en vez de apurarlo lo transformaron, obligando a cerca de 150 indicaciones que hay que estudiar . ¿Así cuándo habrá ley de regulación?: ¿Cuando el paisaje urbano sea de torres de telefonía?.
Evidentemente que si los gobiernos de la Concertación se encandilaron desregulando en telecomunicaciones para demostrar que la centro izquierda no paralizaba la inversión (y aún algunos se preguntan cómo se pierden elecciones), el gobierno del presidente Piñera tiene el conflicto de interés originario de sus ministros y colaboradores que, formados en la paternidad del mercado y sus negocios, tienen resistencia filial a regular un negocio tan poderoso como el de la telefonía y comunicaciones.
El deprimente panorama puede revertirse si se suma presión ciudadana a la acción, apoyando la política de quienes sí quieren regular .
Y si no, pues, más viviendas perderán el 30% de su precio cuando en el barrio se instale un antena, aumentarán los riesgos ,se deteriorará el poco patrimonio que nos queda y nos engañaremos creyendo que la belleza de un árbol puede ser reemplazada por una estructura metálica.